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Colaboradora
La reforma al Poder Judicial en México, más allá de su veloz aprobación, ha captado la atención de los ciudadanos y de la comunidad internacional y generado una ola de cuestionamientos profundos sobre su trasfondo, su propósito y sus efectos. En un contexto de controversia y cambios drásticos, lo que se discute va más allá de la independencia judicial; se debate la esencia misma de lo que significa un Estado de derecho y el reconocimiento de éste a escala global.
¿Una visión reformista o… populista del Poder Judicial?
Uno de los aspectos más controvertidos de esta reforma es la elección por voto popular de más de 1600 cargos judiciales. En un intento por acercar la justicia al pueblo, se plantean cambios estructurales profundos: la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros, quienes servirían periodos de 8, 11, y 14 años, determinados según el número de votos recibidos; además, los jueces y magistrados ocuparían sus cargos por nueve años con opción a reelección consecutiva; un mecanismo que inevitablemente vincula sus decisiones a la aprobación pública y, potencialmente, al interés político. Todo esto concatenado a la creación de un Tribunal de Disciplina con amplias facultades sancionadoras acentúa esta dinámica, planteando dudas esenciales sobre la disolución del equilibrio entre los poderes, generando una dependencia política del ejecutivo.
La politización del poder judicial no es un fenómeno menor. México ha enfrentado desafíos significativos para consolidar su Estado de Derecho, como lo destaca el Índice de Estado de Derecho 2022-2023 (World Justice Project, 2023), en el que el país continúa en una posición preocupante como resultado, principalmente, de las famosas redes jerárquicas de corrupción.
En este orden de ideas, si la marcada separación de poderes y la independencia judicial que teníamos anteriormente, consideradas la piedra angular de todo Estado de Derecho, no lograron que el país se perciba, ni sea percibido a nivel internacional, como tal, ¿qué motiva a pensar a la actual administración –que ya incluye a la Primera mujer presidenta en México– que esta reforma, que pone al poder judicial en una posición más vulnerable ante el ejecutivo, alterará esa realidad? ¿O acaso los motivos fueron meramente por un ego personal y político? Porque da pie a creer que esto es un ataque sectario hacia los todavía juzgadores en ejercicio, mientras que otros actores clave en el sistema de justicia, como la policía y el Ministerio Público, en quienes la percepción de corrupción es incluso mayor, permanecen intactos.
La ironía de la Temis sin venda: una plena visión de justicia intervenida que amenaza el equilibrio global
La reforma proyecta, en el ámbito internacional, un México vulnerable a la erosión de sus compromisos en materia económica y de seguridad. Como bien lo expresó el ex embajador estadounidense Ken Salazar, “la elección directa de jueces, planteada por esta reforma, representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y su integración con las economías de Estados Unidos y Canadá” (Milenio, 2024).
Esta advertencia se confirma al observar que, aunque muchos —políticos y ciudadanos—, contrario a lo que opina el embajador y otros organismos internacionales, como la relatora especial de la ONU, sopesen que esta reforma es “democrática” al permitir a los mexicanos elegir a una porción significativa del poder judicial, como lo hacen con el ejecutivo y el legislativo, no han ponderado una diferencia fundamental.
Mientras que los poderes ejecutivo y legislativo cumplen una función representativa —actuando en nombre del pueblo y, en teoría, en beneficio de todos— el poder judicial ejerce una función de garantía y debe ser, por su misma esencia, contramayoritario. Su misión, aquí radica la clave, es velar por la correcta impartición de justicia aun cuando sus decisiones no se alineen con la opinión de una mayoría o de un sector considerable de la población. Su rol es defender a todos y cada uno de los ciudadanos, ejerciendo sus funciones desde una posición de imparcialidad que, a veces, pudiera llegar a parecer heterodoxa.
Análogamente, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial compromete la autonomía e independencia del Poder Judicial al concentrar su poder administrativo y sancionador en manos externas, presumiblemente bajo la injerencia del ejecutivo. Esto limita la capacidad de la Corte para proteger su imparcialidad frente a posibles influencias políticas, revelando a la expectativa de combatir la corrupción como un pretexto y apuntando, en cambio, hacia esa persecución sectorial a la que previamente se había aludido.
En consecuencia, esta reforma está generando una incertidumbre jurídica que plantea riesgos a la inversión y lo único que al parecer sí pondrá en tela de juicio, como lo señaló el ex embajador Salazar, será el tratado comercial T-MEC. Ahora bien, prospectando a futuro, y considerando los eventos como la captura de Zambada y el caso de los Chapitos, se anticipaba un acuerdo robusto en materia de seguridad bilateral —o quizá trilateral— con los vecinos del norte, posiblemente abarcando también el tema migratorio. Sin embargo, con esta modificación constitucional, tales intenciones podrían verse frenadas o, en el mejor de los casos, puestas en pausa.
El tablero geopolítico: China, Estados Unidos y el juego de poder
En esta tesitura, no resulta trivial que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China haya instado a Estados Unidos a no intervenir en la soberanía de México respecto a esta reforma judicial (El Universal, 2024), dejando entrever con notable claridad el respaldo del gobierno chino.
De cara a tal coyuntura, es preciso trazar un símil entre el escenario internacional y un tablero de ajedrez: cada nación despliega sus piezas conforme a sus propios intereses o a los de sus aliados. No es sorpresa para nadie que, tras bambalinas, se esté desarrollando una guerra comercial entre China y Estados Unidos, intensificada por la reciente calificación de la OTAN a China como un facilitador decisivo de Rusia en la guerra de Ucrania. Haciendo frente a este panorama, surge la pregunta ineludible: más allá de la mera diplomacia política ¿por qué China está defendiendo la reforma?, y, más apremiante, habría que cuestionarse ¿qué postura está tomando México en esta situación? Tomando como base que, de acuerdo a su condición geopolítica a la que está supeditada la nación mexicana, a quién o quiénes le conviene más tener estratégicamente de aliados.
La elección de renunciar a los Derechos Humanos
La modificación de la Constitución para permitir la elección de jueces a través del voto popular plantea importantes implicaciones para los Tratados Internacionales a los que México está adherido. Esta reforma pone en riesgo un derecho fundamental reconocido en el artículo 1° de la Constitución, que garantiza una administración de justicia independiente, profesional y justa. Este derecho se encuentra respaldado en el artículo 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La elección de jueces a través del voto popular plantea serios problemas para la estabilidad y profesionalismo del Poder Judicial. Por un lado, se modificó el artículo 96 de la Constitución para que los ministros magistrados y jueces puedan ser nombrados por elección popular, lo que implicó la adecuación del artículo 95, donde se establecen los requisitos para ser electo, de los que cabe mencionar: poseer una licenciatura en derecho con un promedio mínimo de 8 y 9 en materias relacionadas y recabar cinco cartas de recomendación de ciudadanos convencionales que respalden su idoneidad para el cargo.
En este punto, hay que estar conscientes que ser juez requiere de una gran experiencia, más para ser magistrado y para ser ministro, ni se diga; no solo un promedio académico un poco mayor a la media cuantitativa con un grado académico que, si bien es de nivel superior, es mínimo. Por otro lado, hasta cierto punto también es falso que el pueblo elija a los juzgadores, ya que estos serán seleccionados de una lista elaborada por los tres poderes, dos de los cuales ya están bajo el dominio del partido oficialista.
Al final, este modelo podría abrir la puerta a una “elección populista” en lugar de una “elección popular”, dado que en México prevalece la tendencia de elegir figuras carismáticas por encima de candidatos con propuestas sólidas, existiendo el riesgo de que la demagogia y la influencia política primen sobre la capacidad técnica de los candidatos.
Conclusión: un futuro incierto para México y su justicia
México requería una reforma judicial, pero una que fortaleciera su independencia y mejorara la eficacia de la justicia. Este cambio, sin embargo, parece apuntar en una dirección distinta, abriendo las puertas a repercusiones nacionales e internacionales. Frente a estos desafíos, el único refugio es la información, la defensa activa de los derechos fundamentales y la esperanza de que esta reforma, aunque controvertida, sí sea el impulso para una verdadera transformación, pues es imperativo demostrar que las preocupaciones de muchos ciudadanos no son meramente una cuestión de ego personal o de preferencias políticas, sino un genuino compromiso con el progreso.
Referencias:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (s. f.). Convención Americana sobre Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf
Naciones Unidas. (2018, noviembre 30). Informe de la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados: «El sistema de justicia en México está en crisis». https://news.un.org/es/story/2018/11/1446311
Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Raziel, Z. (2024, octubre 27). Los jueces y abogados que participarán en la elección judicial: “El voto popular es otro método de entrar al puesto, hay que adaptarnos”. El País. https://elpais.com/mexico/2024-10-27/los-jueces-y-abogados-que-participaran-en-la-eleccion-judicial-el-voto-popular-es-otro-metodo-de-entrar-al-puesto-hay-que-adaptarnos.html
Redacción El Universal. (2024, agosto 29). China insta a EU a abandonar la Doctrina Monroe y respetar soberanía latinoamericana, entre ellos México. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/china-insta-a-eu-a-abandonar-la-doctrina-monroe-y-respetar-soberania-latinoamericana-entre-ellos-mexico/
Redacción Milenio. (2024, octubre 27). Cárteles podrían aprovecharse de jueces con reforma: Ken Salazar. Milenio. https://www.milenio.com/policia/carteles-podrian-aprovecharse-de-jueces-con-reforma-ken-salazar
World Justice Project. (2023). Índice de Estado de Derecho en México. World Justice Project. https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico/
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Red de Estudios Globales Atlas-Polaris 
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