La mutilación genital femenina en África como expresión de desigualdad de género y los esfuerzos para su erradicación

Artículo de opinión escrito por Yessenia Téllez Cruz

La práctica de mutilación genital femenina (MGF) es una de las formas más claras de violencia de género. Esta es reconocida a nivel internacional como una violación a los derechos humanos, puesto que las víctimas que sobreviven suelen requerir asistencia médica vital. Las mujeres, pero en mayor cantidad, las niñas que son sometidas a la ablación genital, son objeto de violación de sus derechos, tales como: la salud, la seguridad y la integridad física. Asimismo, es transgredido el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; se quebranta de igual forma, el derecho a la vida, ya que en muchos casos el procedimiento conduce a la muerte. 

La persistencia a la MGF obedece a varias razones, entre ellas destacan los factores culturales y económicos que dificultan a las comunidades el abandono de dicha práctica. No obstante, las supervivientes, así como las organizaciones internacionales y organismos, entre las cuales destacan la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han emprendido esfuerzos para su erradicación, trabajando de manera conjunta y creando alianzas.

De hecho, cifras de Naciones Unidas estiman que entre 140 y 200 millones de niñas y mujeres de todo el mundo han sido sometidas a uno de los cuatro tipos de mutilación existentes, ello evidentemente con motivos no médicos en al menos 30 países. Asimismo, de acuerdo a estimaciones basadas en los datos más recientes de la OMS, indican que 91.5 millones de mujeres y niñas mayores de 9 años en África padecen en la actualidad las consecuencias que esta práctica produce, entre las cuales las más comunes son: quistes, infecciones, complicaciones de parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido. Además, se estima que 3 millones de niñas en África, corren el riesgo de ser sometidas a la MGF cada año. 

El UNFPA en conjunto con el UNICEF trabajan para hacer frente a la MGF mediante intervenciones en 17 países: Egipto, Senegal, Eritrea, Guinea Bissau, entre otros más. Ambos organismos en 2007 lanzaron el Programa conjunto sobre la mutilación/ablación genital femenina, logrando que en países como Burkina Faso, Guinea Bissau, Kenia, Nigeria, Uganda y Senegal la práctica fuera prohibida y penalizada con hasta 10 años en prisión y multas de hasta 1,800 dólares. 

El programa trabaja con las comunidades a fin de transformar las normas sociales desde el interior. Así, la OMS, el UNICEF y el UNFPA colaboran con los gobiernos para fomentar leyes que prohíban esta práctica y garantizar que las niñas tengan acceso a servicios de calidad, en materia de protección de la infancia y de salud sexual y reproductiva. Como resultado, los organismos internacionales han logrado que, más de 2,3 millones de niñas y mujeres de los países incorporados al Programa cuenten con servicios de protección y atención. 

Por otra parte, se alcanzó que un total de 13 países establecieran marcos jurídicos y normativos los cuales prohíban la ablación. De igual forma, se consiguió que 12 países destinen una parte del presupuesto nacional a servicios y programas encaminados a su erradicación. Además, actualmente los países en el Programa utilizan sistemas eficaces de gestión de información para mejorar el análisis y la adopción de decisiones en relación con la MGF. 

En enero de 2019, el gobierno de Sierra Leona logró la prohibición de la ablación genital. Esto es importante, ya que el Estado poseía una de las mayores tasas de mutilación del mundo, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, nueve de cada diez mujeres lo han sufrido. Es evidente que existe la necesidad de mayores esfuerzos por parte de la comunidad internacional para que, por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se logren resultados en materia de prohibición de la MGF para el 2030. 

De manera más reciente, a mitad y finales del año pasado, el gobierno de Sudán, después del derrocamiento del dictador Omar al Bashir, privilegió los derechos de la mujer y se aprobó una ley para criminalizar la MGF. Así, la ley contempla penas de hasta tres años para todo aquel que practique la mutilación. Aunado a ello, el gobierno de transición derogó la ley de orden público, la cual restringía el derecho a la libertad de vestir, de movimiento de asociación, de trabajo y limitaba el estudio a las mujeres. Sin duda, ello es significado de un gran paso hacia la humanización, que tanto hace falta en nuestros días. No obstante, el reto será garantizar la protección de las niñas, ya que cambiar el pensamiento de una comunidad que visualiza a la MGF como necesaria para su población femenina, es complicado.   

Los organismos internacionales no sólo han buscado la erradicación de la MGF, también han emprendido grandes campañas de alfabetización con el fin de que las mujeres cuenten con información para la toma de decisiones futuras, así como lograr una independencia económica. La OMS, así como el UNFPA y el UNICEF siguen realizando el esfuerzo conjunto, integrando las intervenciones complementarias de forma incluso más sistemática en virtud de una nueva fase del Programa. La nueva fase de la acción conjunta está vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3, que pretende poner fin a todas las prácticas perjudiciales en 2030; la cual, de manera textual refiere: “Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”.

Infortunadamente, la práctica persiste hasta nuestros días. Más de la mitad de las víctimas se concentran en Egipto, Etiopía e Indonesia; paradójicamente son algunos de los países en los que la MGF está prohibida por la ley, pero se sigue practicando de manera clandestina. La ablación es justificada en nombre de la religión, las costumbres o las tradiciones. Es olvidado el daño físico y psicológico que la mutilación genera, ya que las consecuencias son fatales para todas las mujeres y niñas que son sometidas a ella. 

La desigualdad de género que impera en la sociedad debe ser erradicada y es indispensable el aseguramiento de los derechos humanos fundamentales. La violencia de género que se contempla en estas sociedades, no debe ser tolerada, ya que, así como la guerra; la desigualdad genera atraso. Por ello, es necesario y trascendental el esfuerzo de la comunidad internacional para lograr la abolición de este tipo de prácticas, las cuales, lejos de transmitir tradiciones y hacerlas perdurables; dañan la salud e integridad física de las mujeres. 

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