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Las instituciones internacionales han absorbido algunas de las demandas de identidades no hegemónicas; particularmente, hablamos del movimiento LGBTTTIQA+ y de quienes han exigido la atención oportuna para poner fin a la pandemia del VIH/SIDA. Si bien existen avances en la materia, es necesario analizar y problematizar las realidades de lxs sujetxs relegadxs a las periferias: personas racializadas, pobres y de sexualidades no normativas.
El SIDA no mata, la homofobia y serofobia sí. Los esfuerzos que realizan mecanismos de cooperación internacional para erradicar la pandemia de VIH no han respondido adecuadamente a las realidades de las poblaciones clave. La histórica discriminación hacia las disidencias sexo-genéricas aún persiste, no sólo a nivel de los Estados nacionales, sino en las organizaciones internacionales que legitiman ideológicamente las normas de un orden hegemónico.
El artículo busca acercarnos a las realidades de aquellxs disidentes entre los disidentes, aquellas personas que no han sido absorbidas por la “normalización” del sistema sexo-género hegemónico capitalista colonial en esta lucha que es de todxs: no contra un virus, sino, contra la ignorancia, la discriminación y cualquier forma de opresión. Asimismo, este texto es una invitación abierta a investigar más allá del mainstream de Relaciones Internacionales, particularmente desde las periferias (geopolíticas y ontoepistemológicas) de la disciplina en lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como cooperación internacional para el desarrollo.
En 2021, de acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 650 mil personas murieron de causas relacionadas con complicaciones del SIDA. La mayoría de ellas en África Subsahariana y otras regiones de los sures globales. Las poblaciones clave son los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), personas trabajadoras sexuales y personas usuarias de drogas inyectables.
En la última década, los recursos monetarios para atender la pandemia de VIH se han estancado en apenas dos terceras partes del objetivo fijado por ONUSIDA: 30 billones de dólares anuales. El organismo indica que tienen serios problemas para alcanzar el financiamiento necesario. La inherente naturaleza desigual de la economía-mundo capitalista está nuevamente detrás de la muerte de cientos de miles de personas.
La respuesta internacional hacia la pandemia de VIH ha estado históricamente marcada por la homofobia. Ante los primeros casos de SIDA en Estados Unidos, la primera línea de investigación de centró específicamente en actividades de la comunidad gay, considerar una relación causal entre “sexo gay y SIDA”. La información médica, en ocasiones, promovía una especial precaución con pacientes con sospecha de SIDA, la discriminación y el trato inadecuado, frío e inhumano a personas con VIH/SIDA.
En la década de los 80, las primeras acciones encaminadas a controlar la pandemia se basaron en intervenciones en contra de grupos estigmatizados por el VIH, especialmente los homosexuales. A este respecto destacan las constantes redadas y cierres a establecimientos frecuentados por estos grupos. El abordaje de esta problemática a nivel educativo se basó en el prejuicio basado en el estigma, y, sobre todo, en el miedo.
La pandemia de SIDA agudizó los prejuicios y discriminación hacia HSH y usuarios de drogas. Cómo factor adicional, las distinciones a partir de raza, propias de sociedades eurocéntricas y racistas, favorecieron la división sectorial de las personas que viven con VIH. De esta forma, se consolidaba el estigma, construcción basada en desinformación, homofobia, xenofobia y racismo.
Las personas que viven con el VIH no solamente deben lidiar con el flagelo de la discriminación, se agrega además la criminalización que aún mantienen la mayoría de los Estados alrededor del mundo. El ejemplo más extendido de esto es el “crimen de contagio”: en 134 países existen leyes que contemplan este “delito”; sin embargo, sólo 94 cuentan con mecanismos para registrar actos de discriminación hacia personas que viven con VIH.
En menor magnitud, pero no menos importante, son aquellas leyes punitivas ligadas a la detección, aquellos crímenes que se adjudican a una persona por el simple hecho de vivir con VIH, entre estás se encuentran, de forma más visible, las restricciones de viaje. Desde que fue comercializado en 1985 el primer test ELISA para la detección del VIH, varios países implementaron medidas restrictivas a la circulación y permanencia de personas con VIH en sus territorios. En este punto conviene reflexionar si los avances tecnológicos de la lucha contra el VIH tienen como fin último el bienestar de las personas que viven con el virus, o bien, se han convertido en mecanismos de control y estigmatización desde el Estado.
En la primera mitad de la década de los 80, el interés estatal por lidiar con la pandemia brilló por su ausencia. Resultaba casi imposible conseguir parte del presupuesto público para el tratamiento de personas con VIH, al tal punto que las organizaciones no gubernamentales y activistas se vieron en la necesidad de llegar al cabildeo para trasladar parte los recursos dedicados a «medicamentos huérfanos» al desarrollo de antirretrovirales (ARV). Con el desarrollo del primer ARV, la zidovudina, llegaba la problemática del «acceso a medicamentos», cuestión en la que, una vez más, la acción estatal demostró ser, más que insuficiente, indiferente.
El principal logro para el financiamiento de la lucha contra el VIH/SIDA, tuvo lugar gracias a la cooperación internacional, consolidado con el establecimiento de ONUSIDA en 1996. Para este objetivo, se utilizó el financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, el cual es parte del Fondo Mundial, y para 2006, entra en funciones el Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID).
Ante el elevado coste de los ARV, una práctica usual en centros de salud alrededor del mundo es la postergación del inicio de la terapia antirretroviral (TAR), dependiente a las pruebas de laboratorio. Sin embargo, para 2016, ONUSIDA exige la inclusión de la política de “tratamiento para todos”. Sin entrar en discusiones técnicas, cabe resaltar que las dos situaciones anteriores ponen en tela de juicio el enfoque y los objetivos que persiguen las políticas contra la pandemia. ¿Es el paciente el centro de la lucha contra el VIH/SIDA?
Las Relaciones Internacionales han estudiado el sistema bajo una lógica estatocéntrica, eurocéntrica, colonial y capitalista; asimismo, existe ínfima literatura que aborde las cuestiones transversales al sistema sexo-género y sus incidencia en las relaciones internacionales. La respuesta internacional a la pandemia del VIH no puede leerse desde la teoría neoliberal de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) porque, precisamente, este paradigma no ha dado resultados para las realidades de las poblaciones clave.
La CID sólo se ha pensado para las personas cisheteronormadas desde una perspectiva eurocéntrica y rayando en lo neocolonial. Las sexualidades disidentes y sus problemáticas no tienen cabida en un sistema que es discriminatorio, estigmatizante y hasta punitivo con quienes no encajan en el devenir de la sexualidad “normativa”. La CID ha logrado absorber las demandas del “gay ciudadano”, es decir, aquel hombre homosexual cisgénero cuya única opresión es no ser heterosexual.
El “gay ciudadano” es blanco de clase media-alta y performa la masculinidad hegemónica, es aquel “activista” que ha sido absorbido por las estructuras de poder. Cuando las instituciones de CID hablan de atender problemáticas de las personas LGBTTTIQA+, generalmente hablan del gay ciudadano; poco (o nada) se abordan las realidades de sexualidades e identidades no normativas, de personas racializadas, atravesadas también por la opresión de clase.
Como parte del mismo proceso de cooptación de intereses, ONUSIDA trabaja en conjunto con ONUMUJERES para incluir temas de género en la agenda, aunque tales esfuerzos han sido duramente criticados como una forma de acallar y cooptar movimientos feministas revolucionarios, una vez más invisibilizando luchas genuinas y adaptándolas a agendas institucionales. La generalización de las disposiciones de la normativa internacional, por supuesto, no toman en cuenta la diferenciación entre distintas sociedades, y las disparidades en la aplicación de la normatividad, compromiso estatal que se hace expreso en el grado de financiamiento dirigido a este rubro.
La atención a la pandemia del VIH ha venido acompañada de discursos estigmatizantes desde las instituciones internacionales. Las campañas de prevención de VIH no contemplan una visión holística de la sexualidad humana, parecen fomentar más el “miedo al contagio” que el placer de las personas. El estigma es aún mayor hacia la prácticas sexuales no normativas como el sexo anal, el sadomasoquismo, el cruising o el bareback en personas que viven con VIH.
El uso del condón como única estrategia para prevenir la transmisión del VIH ha creado una dicotomía comparable a la idea colonial de civilizado/bárbaro o de desarrollo/subdesarrollo: el imaginario del “sexo seguro/inseguro”. De este modo, “el gay ciudadano” es también quien ha reprimido su sexualidad a los marcos del sistema sexo-género hegemónico. Esto resulta problemático para aquellas personas que no se ajustan a la norma. Se gira nuevamente hacia un discurso estigmatizante en torno al VIH, aquel que desde sus inicios acuñó términos como “cáncer gay” o que es SIDA es un “castigo divino”, es decir: responsabilizar (y juzgar) a los individuos en lugar de atender causas estructurales en las instituciones del Estado.
Si bien, existen esfuerzos, como los señalados a la largo del artículo, para atender la pandemia de VIH, estos no son suficientes. Incluso si los Estados se comprometieron a garantizar el acceso universal al TAR, la realidad a la que se enfrentan miles de personas que viven con VIH alrededor del mundo es al desabasto y al acceso tardío al tratamiento. De igual forma, se debe de hablar de los intereses de las grandes farmacéuticas para conservar las patentes de los ARV a través de la legislación relativa a la propiedad intelectual e industrial.
Finalmente, a pesar de las declaraciones políticas de la Asamblea General de Naciones Unidas, o las disposiciones establecidas por ONUSIDA en contra de la discriminación de la población LGBTTTIQA+, el estigma continúa. La lucha contra éste no está pronto de terminar, la lucha por espacios libres de discriminación debe considerar el carácter dialéctico de estos, asegurando una línea de acción que cada individuo pueda seguir. Además, se requiere dar solución y seguimiento a cuestiones en desarrollo, tales como garantías de confidencialidad y métodos de prevención alternativos al condón como la profilaxis preexposición (Prep) y post exposición (PEP).
Las personas que han muerto por complicaciones del SIDA son responsabilidad del Estado, son la consecuencia de la homofobia institucional y esquemas de cooperación internacional que no han brindado respuestas oportunas para atender esta pandemia. Nuestro texto se queda corto para expresar el duelo, la rabia, la tristeza, la impotencia por todxs aquellxs que ya no están, a quienes, además, dedicamos este trabajo. Lo personal es político, silencio = muerte.
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