El difícil reto de mitigar la desigualdad en tiempos de COVID-19

Dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles de la agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, se encuentra el de la reducción de la desigualdad, tanto entre las personas como entre los países en los diferentes rubros: desde la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo, hasta una mejor distribución de los ingresos y de los recursos. Por ello se busca mitigar la desigualdad mediante la inclusión social, económica y política de todas las personas, así como aumentar los ingresos de las personas más pobres, el facilitar la migración y aplicar el principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

Todo ello debe ser acompañado de nuevas políticas públicas con enfoque social y de una serie de reformas dentro de los países en temas fiscales, laborales, salariales, buscar generar una amplia protección social, además de la eliminación de prácticas y políticas discriminatoria. Al interior de los Organismos Internacionales se deben reformar las políticas en temas de las prácticas comerciales como el proteccionismo o los subsidios que dan las empresas en los países desarrollados, poniendo en amplía desventaja a los productores de los países de la periferia, también debe haber mayores facilidades a los emprésitos financieros y a los programas de apoyo a los países en vías de desarrollo del llamado “Sur Global”.

Ante la actual pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, el acabar e incluso mitigar la desigualdad se ha convertido en una ardua tarea, ya que la crisis sanitaria que vivimos ha dejado ver muchas de las graves consecuencias de la desigualdad, como por ejemplo: la falta de acceso a los servicios de salud, la distribución de los ingresos y oportunidades laborales, el acceso a servicios como internet y de educación a distancia, la falta de acceso al agua potable, el hacinamiento y alta densidad poblacional en zonas o barrios, lo que ha generado que sea muy difícil seguir las medidas sanitarias.

La pandemia también ha tenido sus repercusiones gepolíticas, mediante una competencia por hacerse con el control de la vacuna, el acaparamiento de medicinas y material sanitario, el continuo bloqueo a ciertos países como Cuba y Venezuela por poner un par de ejemplos, el cual es avalado por las Naciones Unidas, el surgimiento de nacionalismos y proteccionismos fundamentados en una seguridad nacional sanitaria, pero que detrás de sí trae una serie de discursos basados en posturas xenofóbicas y racistas, todo esto ha recrudecido la desigualdad entre las naciones en estos tiempos tan complicados y caóticos.

El COVID-19 nos ha mostrado los efectos negativos de seguir incentivando a un sistema económico, que por naturaleza genera desigualdad, como lo es el capitalismo, sino también de los valores impuestos por la misma Modernidad, que ha basado sus fundamentos e ideas en una antropología de un ser humano egoísta, lo que nos ha llevado a este punto tan álgido de la crisis sanitaria y como bien apunta el economista francés ThomasPikkety nos “enfrentamos a la violencia de la desigualdad”(El Economista, 16 de mayo 2020).

Se deja ver la crisis del modelo Neoliberal, el cual implantó una serie de reformas estructurales en diversas áreas, pero que ahora en plena pandemia ha denotado el grave error de dejar el sector salud en manos del mercado, el sobrecupo de los centros hospitalarios, los altos costos que conlleva tratar la enfermedad así como la falta de una vacuna, ponen en jaque a la población en mayor marginalidad, que no cuenta con un seguro de salud ni tampoco la capacidad económica para poder costear un tratamiento que les permita tener posibilidad de hacer frente al virus.

La falta de marcos normativos que regulen las actuales condiciones del trabajo en casa (home office) en donde los horarios no son respetados a cabalidad incrementando su tiempo laboral, pero sin aumentar la remuneración, e incluso se les ha reducido el sueldo y sus prestaciones. Aunado a esto son los trabajadores los que absorben el pago de los servicios de internet y luz, así como el tener que comprar equipos computacionales para no perder su fuente de empleo, denota la gran brecha en materia laboral con los países más desarrollados, que ya desde hace algunos años tiene como parte de su dinámica el trabajo desde casa.

En al ámbito educativo, desde el nivel preescolar hasta la universidad, la falta de acceso a una formación e infraestructura digital, tiene graves consecuencias en la formación de los infantes y jóvenes, ya que no se han podido alcanzar los objetivos previstos, ya que muchos estudiantes no cuentan tampoco con un equipo personal de computación e internet y en otras regiones ni si quiera acceso a electricidad, dejando a muchos estudiantes fuera de las dinámicas de aprendizaje desde casa.

Los países en vías de desarrollo quedarán en un segundo lugar de prioridad ante la producción y distribución de una vacuna, siendo que esta será usada como moneda de cambio por las potencias que se hagan con la patente, ya que ante la falta de una soberanía tecnológica y farmacéutica. Los bajos niveles de inversión a los centros de investigación, la fuga de cerebros y el monopolio farmacéutico que viven los países de la periferia, los pone en una clara situación de desigualdad para conseguir un tratamiento adecuado que contenga la pandemia, la cual está costando muchas vidas hasta el día de hoy.

¿Pero aún estamos a tiempo de repensar nuestra realidad?

La crisis es una buena oportunidad para reconstruir otro tipo de forma de economía, una que sea vitalista, que priorice la reproducción de la vida sobre la del capital, lo que conllevaría a una mayor inversión en los sectores públicos de salud, educación, vivienda así como una serie de políticas industriales más sustentables, a las que se deben sumar apoyos para las clases más desprotegidas, lo que llevaría a la emergencia de un nuevo Estado Social, que se encargue de una correcta distribución de los ingresos, implementando políticas fiscales más justas, dinámica que se tendría que repetir en los estratos internacionales, mediante un seguimiento y transparencia fiscal a las grandes empresas multimillonarias que muchas veces evaden impuestos, lo que les niega a los Estados la posibilidad de invertir en sus sectores sociales. Estamos a tiempo de dar un golpe de timón, no solo para acabar con la actual crisis, sino también para mitigar la desigualdad del mundo.