La crisis alimentaria en Latinoamérica después de la pandemia de COVID-19

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A más de un año de los primeros casos registrados de COVID-19, las consecuencias sanitarias y socioeconómicas son numerosas. Particularmente en América Latina, las escenas de sistemas de salud al borde del colapso prevalecen desde Tijuana hasta la Patagonia, los contagios se cuentan por millones y las muertes en cientos de miles.

En medio de la ya devastadora coyuntura consecuencia de la pandemia, se agudiza una vieja crisis que por años se ha intentado mitigar sin éxito en la región: la crisis alimentaria. El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 2 “Hambre Cero”, al igual que sus respectivas metas, se desvanece ante un escenario adverso para los sistemas alimentarios de Latinoamérica.

Por lo anterior, es importante reflexionar en torno al impacto que ha tenido la COVID-19 para la alimentación y la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. Particularmente, se analizarán los desafíos que implica la transformación de los sistemas alimentarios para garantizar el acceso a alimentos asequibles para toda la población y cuya producción sea sostenible con el medio ambiente.

Inicialmente, se precisa que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) define como seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen “acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.

En este sentido, el informe anual de la FAO “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” permite observar un panorama general de las condiciones globales de los sistemas alimentarios, la alimentación y los avances y desafíos en torno al cumplimiento del ODS, “Hambre Cero”. Para efectos de este artículo de opinión se consultó el informe del 2020 en el cual se presentan datos actualizados hasta junio de ese año.   

Las primeras estimaciones del impacto de la pandemia de COVID-19 para la alimentación en el mundo fueron realizadas por la FAO a mediados del 2020, el organismo internacional señalaba un potencial aumento de entre 83 y 132 millones de personas subalimentadas a causa de la crisis sanitaria. Presumiblemente este número podría ser mucho mayor derivado de que, en los países del sur global, los efectos más adversos de la pandemia comenzaron a observarse con mayor intensidad en la segunda mitad del 2020. La subalimentación en todo el mundo aumentará sin lugar a duda, sin embargo, algunos Estados son más vulnerables que otros a causa de la posición que ocupan en el sistema internacional.

Antes de la pandemia, sistemas alimentarios repletos de desigualdad

Los países latinoamericanos han desempeñado históricamente el papel de meros proveedores de materias primas y productos agroalimentarios, especialmente destacan los de América central a quienes, incluso, se les ha designado despectivamente como “repúblicas bananeras”. Cabe destacar que a esta posición fue relegada la región no solo por el argumento superfluo de las ventajas competitivas y la división internacional del trabajo que pregona el liberalismo económico, sino, por los intereses que tienen los centros de poder del capitalismo global: subsumir a Latinoamérica a un perpetuo subdesarrollo.

En adición a lo anterior, los sistemas alimentarios de la región se han visto severamente afectados por la financiarización de la agricultura, tendencia que ha venido en aumento a la par de la globalización. Como consecuencia, el campo y los alimentos están directamente influenciados por las dinámicas del sistema financiero internacional, como lo son la volatilidad de los precios causada por la especulación, la variabilidad de los tipos de cambio, entre otras.

De igual forma, se señala el abandono del campo por parte de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, esto significa la disminución de incentivos y políticas de transferencias para el apoyo de los productores. Lo anterior, en concordancia con la lógica neoliberal, ha dado pie a la instauración de un modelo agroindustrial en el cual las empresas, en muchas ocasiones trasnacionales, han sacado mayor provecho a base de la explotación intensiva del campo que, por una parte, tiene graves consecuencias medioambientales y, además, convierte al campesino en un trabajador asalariado precarizado.   

Desafortunadamente, estas condiciones estructurales afectan negativamente a los actores más vulnerables de los sistemas alimentarios: los pequeños productores y al consumidor final. Los primeros están sujetos a la volatilidad de los precios, las políticas comerciales y las cadenas de suministro que merman en gran medida sus ingresos; la producción agrícola en pequeña escala no puede competir contra el aparato agroindustrial de las empresas trasnacionales. Por su parte, para el consumidor es cada vez más difícil encontrar alimentos económicamente accesibles lo cual propicia el aumento de la subalimentación.

Después de la crisis sanitaria, un retroceso de décadas para acabar con el hambre

La disminución de la actividad económica que ha causado la pandemia en países con alta prevalencia de la informalidad laboral como los son los de la región latinoamericana, es indudablemente un catalizador para el aumento del desempleo y la pobreza. En este sentido, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el número de personas que viven en pobreza extrema aumentará en 150 millones para el 2021 a causa de la crisis sanitaria.

Como consecuencia del aumento de la pobreza y la pobreza extrema, aumentará la subalimentación ya que, de acuerdo con la FAO, el costo de una dieta saludable supera el umbral internacional de pobreza (1.90 USD al día por persona). En otras palabras, una dieta saludable es inasequible para las personas pobres, lo cual también repercute en la salud: las carencias nutricionales propician enfermedades que, a largo plazo, representan un costo elevado para los sistemas de salud pública de los Estados.

En el informe de la FAO anteriormente mencionado, el panorama para América Latina y el Caribe es devastador, aún sin tomar en cuentas las potenciales repercusiones de la pandemia de COVID-19, el organismo internacional estima que para el 2030 el porcentaje de población subalimentada en la región será de 9.5%. Es decir, una vez que se pueda medir el impacto real de la pandemia en los sistemas alimentarios, este porcentaje será seguramente mucho mayor; erradicar el hambre para el año 2030 como se pretendía en la Agenda de Desarrollo Sostenible es un escenario difícilmente plausible para la región latinoamericana y caribeña.

Millones de personas no tienen acceso a alimentos saludables por sus elevados costos y los gobiernos, coludidos con intereses de mercado de la industria agroalimentaria, no realizan esfuerzos significativos para cambiar este panorama. No se trata de un problema de disponibilidad, ya que alimentos suficientes existen, sino, un problema en la accesibilidad porque las personas no pueden costearlos. Parece ser que, en la actual condición de los sistemas alimentarios, aspectos tan básicos como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud están condicionados al poder adquisitivo.

Finalmente, a manera de conclusión, se señala como una necesidad imperante la transformación de los sistemas alimentarios en América Latina porque, de continuar con las condiciones actuales, sólo se perpetuaría la desigualdad, la pobreza y la subalimentación. Es importante considerar un abordaje integral de todos los actores partícipes en el cual los gobiernos deben de retomar la inversión en el campo y brindar mejores oportunidades para los pequeños productores.

El objetivo sería, por una parte, transitar hacia sistemas alimentarios que garanticen alimentos saludables asequibles para todos y cuya producción sea sostenible con el medio ambiente. Además, se debería de impulsar un ejercicio efectivo de la soberanía por parte de los Estados latinoamericanos en cuanto a los sistemas agroalimentarios se refiere. Los modos de producción, distribución y consumo de alimentos deben de estar ajustados a las preferencias y condiciones particulares de cada país, antes de querer satisfacer la demanda internacional por el mero afán de vender. América Latina necesita no solo seguridad alimentaria sino, también, soberanía alimentaria.

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