Por la defensa de la tierra y los recursos naturales: la resistencia de los pueblos de cara al neoextractivismo y a los megaproyectos

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La actividad extractiva, entendida como un modelo de desarrollo basado en la extracción de materia prima en general para su exportación, ha existido desde tiempos ancestrales. Sin embargo, con el paso de los años y atendiendo a las demandas del mercado, esta actividad se ha vuelto más agresiva con los ecosistemas. Las grandes empresas (de manera no muy diferente a la época colonial) buscan extraer recursos de países con vasta biodiversidad y deficiente marco legal, lo que les permite acceder a recursos, por ejemplo, hídricos, petroleros, energéticos, etc., a bajo costo. 

Tal como menciona Gudynas, a lo largo de la historia, América Latina ha padecido diversos periodos extractivos, sin embargo, «hoy en día experimenta los impactos de la cuarta generación del extractivismo, cuya característica principal es la explotación de recursos naturales por medio de innovadores complementos tecnológicos«que, si bien aumentan las capacidades de producción, atentan de manera perniciosa contra el medio ambiente y las comunidades. 

Este neoextractivismo, al reunir actividades de limitada ética ambiental como la minería a cielo abierto, la separación de minerales, el cultivo de alimentos transgénicos, la inserción de nuevas siembras, incluso la fractura hidráulica o fracking, se ha convertido en un factor determinante para la reestructuración territorial, así como un detonante de los problemas políticos, económicos y sociales que aquejan a numerosos países en desarrollo. 

Por lo anterior, es imperante abordar una de las cuestiones que más se debaten acerca de la última generación del extractivismo, es decir, el impacto que genera sobre los grupos minoritarios y la respuesta de éstos, pues a diferencia de antaño, se muestran resilientes y dispuestos a defender tanto sus propiedades, como sus derechos. 

Megaproyectos y comunidades indígenas en México

El término “megaproyecto” hace referencia a complejos desarrollos de infraestructura e inversión, financiados con capital nacional y/o extranjero, que modifican de manera radical los territorios, el medio ambiente y la vida de los pobladores. Estos proyectos requieren grandes extensiones de terreno (inexistentes en las ciudades), por lo que buscan establecerse en lugares poco urbanizados; de esa forma, disfrazados de “progreso”, enmascaran el despojo de tierras y recursos naturales de numerosas comunidades indígenas, al hacer provecho del desconocimiento de la ley e incluso, de la corrupción institucional y empresarial. 

Para poder ejemplificar el supuesto anterior, parece pertinente aludir al desarrollo del Proyecto Integral Morelos (PIM) en México, el cual pretende fungir como una planta que producirá electricidad con un generador accionado por turbinas de gas. Motivado en su mayoría por capital extranjero, este megaproyecto representa al menos dos errores de planeación: en primer lugar, considera la instalación de gasoductos en tramos muy cercanos a la zona del Popocatépetl y en segundo, implica la construcción de un acueducto que ayude al enfriamiento de las turbinas de la termoeléctrica situada en Huexca (corazón del PIM). 

Conscientes de la amenaza ambiental y sanitaria que conlleva la operación de la termoeléctrica (puesto que contamina el agua del río Cuautla y genera sonidos intolerables que afectan tanto a humanos como a animales), los pobladores de 26 municipios afectados (muchos de comunidades indígenas) iniciaron un plantón que se ha mantenido vigente desde el año 2016. A pesar de la resistencia, el movimiento ha recurrido a la ley sin éxito. 

El proyecto no sólo fue impuesto por medio del despojo de tierras ejidales y comunitarias, sino que ha significado la violencia hacia los opositores y la muerte de Samir Flores Soberanes, líder reacio del movimiento, quien fue asesinado a las puertas de su hogar días antes de realizarse una consulta ciudadana referente al complejo energético.  Hoy en día, aún resuena la consigna “¡Samir vive, la lucha sigue!” a los pies de una termoeléctrica que, en respuesta, muestra señales de indiferencia y pleno funcionamiento. 

Asimismo, otro ejemplo de la práctica neoextractivista latente en el país es el saqueo de agua que una famosa embotelladora ha hecho durante décadas en Puebla. Hasta ahora, se sabe que “la empresa francesa Bonafont explota de manera irregular más de un millón 400 mil litros de agua a diario de los veneros del volcán Iztaccíhuatl”. Es por ello que, en el marco del Día Mundial del Agua (celebrado anualmente cada 22 de marzo), pobladores de comunidades nahuas provenientes de Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, Coronango y Tlaltenango levantaron un plantón que se mantiene hasta hoy. 

Las comunidades afectadas aseguran que el agua extraída por la trasnacional emana de un tercer pozo clandestino que, por su naturaleza, carece no solo de licencias sino de planeación para asegurar que las perforaciones fueron realizadas considerando la seguridad de los suelos. En adición, mencionan los pobladores que la producción de dicho pozo afecta directamente a los pequeños pozos tradicionales aledaños; al generar sequía, eventualmente afecta también a la siembra y a los animales de granja.  

En ambos escenarios es posible apreciar que la fórmula interés privado – laxitud legal, afecta directamente a los pueblos indígenas que radican cerca de los desarrollos industriales, no solamente por el acaparamiento de tierras, sino por la carga ambiental que sugieren y por supuesto, los perjuicios en ámbitos sociales, de salud, políticos y económicos. Sin embargo, es importante destacar que la otra constante es la muestra de organización y tenacidad que manifiestan los colectivos a la hora de proteger lo que les pertenece. 

Desde pequeños grupos representativos hasta la conformación de organizaciones más complejas, los pueblos se reúnen para ejercer presión y crear redes de apoyo que insten a más comunidades a exigir el respeto a sus derechos. Los colectivos en resistencia, los consejos indígenas, los grupos femeninos de oposición, las asociaciones independientes y muchos ejemplos más, luchan porque existen. 

Investigación y praxis: la sensibilización también es resistencia

Las comunidades indígenas son parte de nuestro legado histórico, cultural y social; negar las problemáticas que los aquejan es negar su existencia misma, por ello resulta imprescindible en primera instancia, que como sociedad en general visibilicemos sus necesidades y demos cuenta de sus derechos. Mientras tanto, los pueblos hacen lo suyo: enseñan a las nuevas generaciones por medio de pláticas, intercambio de experiencias y talleres, el valor de la cultura, de la naturaleza y su cuidado. 

Como fenómenos multidimensionales, las actividades neoextractivistas que someten a las comunidades deben atenderse desde diversos ejes; uno de ellos es el reconocimiento del respaldo legal que avala a los pueblos originarios. Según un informe del 2013 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en nuestro país y en América Latina, es innegable el “incumplimiento del deber estatal de consulta con los pueblos indígenas y de adopción de los resguardos y medidas para proteger sus derechos antes de otorgar concesiones o autorizar la ejecución de proyectos extractivos”. En este sentido, urge que las consultas pasen de un carácter simbólico a uno vinculante y que se elimine la simulación de la democracia por respeto a sus derechos constitucionales. 

Otro tema es el impulso a la investigación. La producción académica de un conocimiento relativo al neoextractivismo con bases ecológicas y proambientales, puede aliviar la incertidumbre que genera el desarrollo de nuevos megaproyectos mediante la rigurosidad, los datos científicamente comprobables y la consideración del factor social a la par (y no por debajo) del factor económico. A su vez, la generación de nuevos saberes permitirá a expertos y a la sociedad civil, crear y promover alternativas que contribuyan a poner en igualdad de condiciones a las comunidades vulnerables y a las empresas extractivas. 

Ya que las prácticas de extracción por parte de empresas nacionales e internacionales son casi imposibles de evadir, queda en la resistencia de los pueblos y en la concientización del resto de la población, generar la presión necesaria que erradique el enfoque utilitarista que caracteriza al neoextractivismo. En la actualidad, época en que padecemos aún más las consecuencias del cambio climático, es indispensable demandar que los grandes proyectos no se deslinden de sus responsabilidades éticas y ambientales; así como exigir más compromiso por parte del Estado para eliminar la corrupción del sector industrial y proteger de verdad a las comunidades indígenas.

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